Un hallazgo alarmante marcó el inicio de la actual administración en materia de seguridad: el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) tenía cinco años desconectado, dijo la directora, Aracelis Camacho de Casanova, tras una revisión institucional promovida por el presidente de la República, José Raúl Mulino y el ministro de Seguridad Pública, Frank Abrego.
“La desconexión del SIEC fue un golpe al país; no solo se perdió transparencia, se perdió la capacidad de actuar estratégicamente”, afirmó Camacho, al detallar que el vacío de datos rompió compromisos internacionales en materia de seguridad y análisis criminal.
La reactivación del sistema fue prioritaria. En solo nueve meses, el SIEC ha comenzado a generar información confiable que permite retomar la toma de decisiones estratégicas. “Los cinco años perdidos no se pueden recuperar, pero ya estamos produciendo información útil para el Estado”, expresó.
Para relanzar el sistema, se reestructuró su funcionamiento con nuevas divisiones, como el Centro de Análisis de Información de Drogas y un Departamento de Planificación alineado con los planes del Estado. “Hoy el SIEC está pensado para responder a los desafíos actuales, no a los de hace 30 años”, precisó.
El Ministerio de Seguridad Pública también impulsa una ley que fortalezca al SIEC y le brinde estabilidad institucional. “Queremos blindarlo de injerencias políticas. La seguridad ciudadana no puede depender de agendas partidistas”, sostuvo con firmeza la directora Camacho de Casanova.
Como parte de su proyección a futuro, el SIEC aspira a convertirse en un instituto especializado. Entre sus nuevas unidades destacarán el Observatorio de Violencia, un Departamento de Análisis Cibernético y un Centro de Excelencia en Crimen y Drogas.
La directora del SIEC, informó que ya se restablecieron relaciones con 27 instituciones del Estado, esenciales para la retroalimentación del sistema. “Estamos en la retoma de vínculos internacionales clave. Necesitamos estar alineados con la región”, señaló.
Dentro de sus metas inmediatas, se pretende volver a organizar el Congreso de Criminalidad, suspendido por cinco años y se coordina con la Contraloría General de la República la encuesta nacional de victimización. “Debimos hacerla en 2021. Ahora estamos en camino de cumplir en 2026 o 2027”, puntualizó.